Los obreros Pedro María Martínez Ocio, Francisco Aznar, Romualdo Barroso, José Castillo y Bienvenido Pereda resultaron muertos un día como ayer, 3 de marzo, en 1976. Participaban en una asamblea que se celebraba en un recinto cerrado y abarrotado, en la iglesia de San Francisco del barrio gasteiztarra de Zaramaga. Fueron primeramente gaseados, los que salían del recinto medio asfixiados fueron apaleados por los flancos y ametrallados de frente por la Policía armada española. Los máximos responsables de aquella masacre, Manuel Fraga Iribarne, entonces ministro de Gobernación y hoy presidente-fundador del PP, y Rodolfo Martín Villa, ministro de Relaciones Sindicales y actualmente presidente de Sogecable, un grupo líder de la televisión de pago, nunca fueron juzgados, ni reconocieron el daño causado ni siquiera se disculparon. 35 años después, aquel crimen exige justicia efectiva, el reconocimiento de la verdad y, en la medida de lo posible, la reparación. El futuro no debe asentarse sobre la impunidad. El país se juega mucho en ello.
El Gobierno británico tardó 38 años en reconocer que el ametrallamiento de su Ejército que mató a 14 irlandeses en Derry, el conocido como Bloody Sunday, fue un acto injustificado e injustificable. Finalmente, aceptó sus responsabilidades y pidió perdón. 35 años después, el Gobierno español sigue teniendo esa asignatura pendiente. Tiene una oportunidad de proyectar un nuevo enfoque, diferente y de futuro, de abrir nuevos horizontes de solución y reconciliación, de hacer una política con sensibilidad y portadora de esperanza. Debería aprovecharla. Pero ello exige deconstruir la política que utiliza a las víctimas para bloquear la superación del conflicto, para mantener los intereses y sustentos creados en torno a él, para alimentar una cultura y esquemas de venganza que impiden construir un futuro sostenible, justo y basado en la verdad.
Los sucesos de aquel 3 de marzo alimentaron la oposición abertzale y democrática al régimen, y fortalecieron su unidad de acción. Los sindicatos eran ilegales y los derechos básicos negados por la brutal represión. Unir fuerzas, exigir una normalización democrática del país y defender al pueblo trabajador vasco es un principio fundamental y una necesidad ineludible. Aquel 3 marzo de 1976, ayer, hoy y siempre.
