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El fiscal reclama además a los tres acusados el pago conjunto de una indemnización de 342.000 euros para las 21 personas afectadas, así como una multa de 540 euros, y declara que el Gobierno de Lakua, como responsable civil subsidiario, deberá sufragar estas cantidades en caso de impago.
En total, el fiscal ha identificado a una veintena de personas, algunas de las cuales figuraban en las bases de datos de la Ertzaintza como "fuentes de la Unidad de Información", y otras como personas que se habían puesto en contacto con la Policía autonómica para hablar de seguridad "como consecuencia de la actividad terrorista de ETA".
Las fichas en las que figuran estas informaciones fueron elaboradas, según la Fiscalía, con informaciones recabadas por la Unidad de Información, tanto facilitadas por otros agentes como a través de numerosos accesos a la base informática de la Ertzaintza.
Las fichas en las que figuran estas informaciones fueron elaboradas, según la Fiscalía, con informaciones recabadas por la Unidad de Información, tanto facilitadas por otros agentes como a través de numerosos accesos a la base informática de la Ertzaintza.
