martes, 21 de febrero de 2012

diagonalperiodico.net

La Diputación Foral de Álava-Araba deja en la calle y sin recursos a jóvenes acogidos en sus centros porque las pruebas radiológicas contradicen sus pasaportes. El Ayuntamiento de Vitoria, por su parte, anuncia recortes en las ayudas a jóvenes.
Desde diciembre del pasado año, ya han sido 27 los chavales expulsados de los servicios de acogida alaveses en base a pruebas radiológicas, descalificadas por distintas voces, entre ellas la de la Defensora del Pueblo, por tener un margen de error de hasta 18 meses. No sólo han sido expulsados pese a tener un pasaporte válido que indicaba minoría de edad, además no se les facilitó recurso alguno a unos jóvenes que, en todo caso, tendrían 18 años, y han quedado expuestos a la indigencia. Pese a todo, los chicos siguen acudiendo a cursos de formación.
Condenados a la indigencia
“Ahora mismo están acogidos en el albergue y en el Dispositivo de Acción Invernal (DAI), y tienen comida. El problema es que no sabemos qué va a pasar cuando se acabe el frío, en especial los que llevan menos de seis meses empadronados”, informa Mari Mar Jiménez, de la Plataforma Alavesa de Apoyo a personas jóvenes extranjeras, una red de personas y colectivos que trabaja en Álava-Araba desde 2010 preocupados por la situación de la juventud migrante. Tras acoger a los chicos en sus casas, y conseguir para ellos una mínima atención por parte del ayuntamiento de Vitoria, la Plataforma ha habilitado una petición de firmas en Actuablepara que se detenga esta situación de “emergencia humanitaria”.
El DAI es uno de los llamados “recursos de baja exigencia”, destinados a transeúntes sin hogar, que puede consistir en una cama o simplemente un aislante y un saco en un albergue, y su duración está estimada hasta el 1 de abril máximo, antes si mejora el tiempo. Cuando esto ocurra, la plataforma ha podido saber, con sumo esfuerzo- “leyes hay, pero los trabajadores sociales hacen un poco lo que les da la gana”, señala Jiménez-, que quienes lleven seis meses empadronados tendrían derecho a una mínima atención, al menos en cuanto a comida. Pero a algún joven ya le han abierto, incluso, expediente de expulsión. La dureza con los jóvenes migrantes a los 18 años es una práctica denunciada en otros puntos del Estado.
Cambio de política
Hasta diciembre del pasado año, los chicos y chicas que salían del centro de protección eran acogidos en el Albergue Municipal. Ahí comenzaban el llamado itinerario de inserción, que los llevaba del albergue a un piso de jóvenes, la búsqueda de habitación en alquiler y la posterior tramitación de una ayuda municipal de urgencia. El 2 de diciembre, cinco chicos fueron expulsados por las pruebas radiológicas y no se les facilitó alojamiento ni comida, tan sólo tres días de albergue. Los expulsados tienen alrededor de cinco meses de padrón, y acuden diariamente a un centro municipal de formación ocupacional a estudiar, pero se les niega un apoyo de urgencia y se les recomienda “que vuelvan a las ciudades desde donde llegaron”.
Los casos se repitieron, hasta un número de 27. “Además, diputación no documenta a estos chavales, no documenta su salida, ni siquiera les da la resolución administrativa de cese de tutela y de cese de acogimiento residencial, con lo cual no pueden recurrir”, explica Jiménez. Esto hace que sus abogados no puedan iniciar un procedimiento judicial ni, en consecuencia, solicitar medidas cautelares, como mantener a los chavales en centros hasta que exista una resolución judicial, en prevención de que se confirme su minoría de edad. En el Estado español se barajan diversos criterios y las sentencias judiciales han sido fundamentales en multitud de casos.
“Cansarles” para que se vayan
Algunos jóvenes expresan su temor a que pasen los tres meses de los que disponen para recurrir y que, sin los documentos de diputación, ya no puedan hacerlo. Tan sólo cuatro han recibido dicha notificación, y en uno de estos casos, los documentos se recibían en febrero, pese a estar fechados en diciembre. ”No se entiende lo que hacen, parece que quieren que los chavales se cansen y se vayan”, reflexiona Jiménez. Tampoco tienen acceso al informe médico, sólo pueden acceder los abogados y dentro de un procedimiento judicial.
Por su parte, el alcalde de Vitoria-Gasteiz, Javier Maroto (PP), ha anunciado que la ayuda para la compra de alimentos que se otorgaba a jóvenes de 18 a 23 años será suspendida. El alcalde insinuaba en sus declaraciones que toma la medida en respuesta a una utilización fraudulenta de esta subvención –apuntando que algunos jóvenes acuden a los servicios sociales “con zapatillas de Prada”- que, por otro lado, reconoció, “no está corroborada”.

ARABAKO GAZTE ATZERRITARREN BABESERAKO PLATAFORMAREN MANIFESTUA:

En Vitoria-Gasteiz, nuestra maravillosa Green Capital, desde principios de diciembre se está abandonando en la calle, en la más absoluta indigencia, a menores acogidos en los centros dependientes de la Diputación Foral de Álava cuando a juicio de esta institución, han cumplido los 18 años.
Sin comida, ni un lugar donde dormir son trasladados en furgoneta con sus escasas pertenencias por educadores de los denominados “Centros de Acogida” dependientes de Diputación, a los Servicios de Urgencia del Ayuntamiento y en muchos casos estos últimos les dejan en la calle abandonados sin darles una alternativa residencial o para poder alimentarse al menos de forma temporal. De hecho quienes denunciamos esta situación que constituimos la Plataforma Alavesa de Apoyo a estos jóvenes, llevamos varias semanas alojándolos provisionalmente en nuestras casas y poniendo dinero de nuestros bolsillos, todo ello para que no duerman en la calle y no estén sin comer.
Por todo esto, queremos hacer un llamamiento a la ciudadanía y a todas las instituciones competentes: Diputación Foral de Álava, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Fiscalía de Menores de Álava, Ararteko, Síndico, Partidos políticos y Sindicatos y demás agentes sociales competentes para que con carácter de urgencia se tomen medidas para evitar que se produzcan situaciones de emergencia humanitaria en nuestra ciudad como la que aquí denunciamos.

Al firmar la petición estarás enviando esta carta

Destinatario: Instituciones Forales y Muncipales de Vitoria-Gasteiz

En Vitoria-Gasteiz, nuestra maravillosa Green Capital, desde principios de diciembre se está abandonando en la calle, en la más absoluta indigencia, a menores acogidos en los centros dependientes de la Diputación Foral de Álava cuando a juicio de esta institución, han cumplido los 18 años.
Sin comida, ni un lugar donde dormir son trasladados en furgoneta con sus escasas pertenencias por educadores de los denominados “Centros de Acogida” dependientes de Diputación, a los Servicios de Urgencia del Ayuntamiento y en muchos casos estos últimos les dejan en la calle abandonados sin darles una alternativa residencial o para poder alimentarse al menos de forma temporal
De hecho quienes denunciamos esta situación que constituimos la Plataforma Alavesa de Apoyo a estos jóvenes, llevamos varias semanas alojándolos provisionalmente en nuestras casas y poniendo dinero de nuestros bolsillos, todo ello para que no duerman en la calle y no estén sin comer.
Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, en su capítulo tercero establece con claridad y contundencia las medidas y principios rectores para la actuación de los poderes públicos. En su apartado 2.a., deja bien claro que es responsabilidad de las administraciones competentes, en este caso la Diputación Foral de Álava, facilitar mediante un itinerario de inserción su integración social. Por el contrario, y lejos de cumplir con sus obligaciones legales, ésta condena a muchachos, que hasta ese día han permanecido bajo su tutela, a la indigencia más absoluta al ser expulsados de los Centros, lo cual supone, una clara dejación de las responsabilidades que se le atribuyen por ley de cara a garantizar los derechos básicos de los menores una vez cumplida la mayoría de edad.
Consideramos que esta política responde a un único objetivo: en cuanto crece la demanda de acogimiento de menores, tal y como ha ocurrido en anteriores ocasiones, la administración establece los dispositivos necesarios para reducir drásticamente la población necesitada de atención, sin importarle el respeto a los derechos humanos básicos de estos jóvenes o el que las personas alavesas que trabajan como educadoras en los centros en situación de precariedad laboral se queden también en la calle sin poder hacer o decir nada.
Hoy los que se quedan en la calle son estos chicos que consiguieron sobrevivir cuando vinieron de Africa en patera y nuestras hijas e hijos que han estudiado para trabajar en los servicios asistenciales. Mañana… ¿a quienes nos tocará pernoctar en la calle y buscarnos a través de la caridad algo que comer? A quienes han propiciado que se den estas situaciones parece ser que no les afectan ni les preocupan las consecuencias de “la crisis económica” y el caos social que está generando. Las consecuencias que aquí denunciamos son muy graves ya que vulneran su propia legalidad, los acuerdos internacionales sobre respeto a los derechos humanos con el trato digno, la protección de la infancia y juventud vulnerable y la prohibición de los malos tratos y el abandono.
Por todo ello, queremos hacer un llamamiento a la ciudadanía y a todas las instituciones competentes: Diputación Foral de Álava, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Fiscalía de Menores de Álava, Ararteko, Síndico, Partidos políticos y Sindicatos y demás agentes sociales competentes para que con carácter de urgencia se tomen medidas para evitar que se produzcan situaciones de emergencia humanitaria en nuestra ciudad como la que aquí denunciamos.
En este sentido pedimos vuestra adhesión a este comunicado público y compartimos los documentos explicativos de los antecedentes e información descriptiva de lo que aquí denunciamos:
Relación de los acontecimientos: http://www.redsolidaria.info/apoyos-a-menas/