Ante el establecimiento del 10 de noviembre como “Día de la Memoria” de las víctimas del terrorismo, queremos manifestar lo siguiente:
(1) Denunciamos el hecho de que esta fecha haya sido establecida sin tan siquiera consultar a las asociaciones de victimas de la rebelión militar de 1936, el régimen franquista y el terrorismo de Estado. Estas constituyen el mayor colectivo de victimas presente en nuestra sociedad.
(2) Como consecuencia directa de lo anterior, denunciamos los contenidos con los que, desde las instituciones estatales y autonómicas, se pretende caracterizar a esta conmemoración, cuando estas mismas instituciones llevan a cabo un lacerante agravio comparativo en cuanto al reconocimiento y tratamiento de las víctimas en función del origen de las vulneraciones de derechos sufridas.
(3) Denunciamos el carácter parcial y sectario de esta conmemoración en la medida en que las victimas del franquismo y el terrorismo de Estado seguimos sufriendo las consecuencias de las leyes de guerra emitidas por la dictadura militar, a cuya causa se impuso una sociedad dual de vencedores y vencidos. Es esta misma dualidad la que se pretende perpetuar a través de la preservación de la impunidad sobre las victimas causadas por la rebelión militar de 1936, el régimen franquista y la violencia del Estado. Todas ellas victimas ignoradas y a las que se nos niega el derecho a conocer la verdad, el derecho a la justicia efectiva plena y la reparación de los daños causados.
(4) Constatamos que los partidos e instituciones impulsores de esta conmemoración no demuestran una voluntad clara de desvincularse, de manera rotunda y consciente, de la herencia del franquismo. Tanto la ONU como el Consejo de Europa han denunciado reiteradamente la perpetuación, por parte del Estado Español, de la impunidad sobre las vulneraciones de derechos humanos cometidas. Un claro ejemplo y exponente clarificador de esta situación lo encontramos en el tratamiento recibido por las victimas de los sucesos del 3 de marzo de 1976 de Gasteiz. El Parlamento Vasco les reconoció, con el apoyo de todos los grupos políticos de la cámara, su condición de Victimas del Terrorismo, mediante declaración institucional el 3 de marzo de 2006. En esa misma declaración se instaba al Gobierno de Madrid a acoger a estas víctimas en la ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo, o en su defecto, elaborar otra ley para ser contempladas con los mismos derechos. Pues bien, ni el Gobierno Español, ni el Vasco han cumplido la voluntad unánime del Parlamento. Solamente algunos afectados han sido contemplados en la ley de Memoria, una ley claramente discriminatoria, si la comparamos con la de Solidaridad, en la aplicación de derechos y prestaciones. Mucho nos tememos que la nueva ley de reconocimiento integral a las víctimas del terrorismo planteada recientemente en el Congreso Español tampoco va a acoger a las víctimas de la violencia del Estado y que este tampoco va a elaborar una ley específica para estas víctimas en el mismo sentido de reconocimiento y consideración.
(5) El objetivo prioritario de la sociedad vasca, 35 años después de la muerte del genocida dictador general Franco y 3 de la promulgación de la “Ley de Memoria Histórica”, es el reconocimiento de las víctimas y la derogación de la "Ley de Amnistía de 1977", que en la práctica se ha convertido en una Ley de Punto Final que ampara la impunidad, contraviniendo la legalidad internacional e incumpliendo los convenios internacionales firmados por el Estado español, según los cuales los crímenes de lesa humanidad nunca prescriben.
En definitiva, celebraciones como el “Día de la Memoria” son una muestra más de la nula voluntad de romper con el esquema de vencedores y vencidos heredado del franquismo. Esta celebración no recoge el sentir de los luchadores antifascistas, gudaris, milicianos, obreros y estudiantes que desde la legitimidad de su lucha siguen sufriendo las consecuencias de la impunidad sobre los responsables directos de la represión y la de sus herederos ideológicos.
En cualquier caso, y en aras a la búsqueda de escenarios de acercamiento y convivencia, es imprescindible que se materialice el reconocimiento de la igualdad de derechos entre las victimas. Llegado ese momento podríamos establecer los parámetros y actuaciones conjuntas para hacer visible el sufrimiento de todas las víctimas de todas las violencias. Con ello se daría un paso fundamental hacia un acercamiento y una reconciliación que tanto necesita nuestro pueblo y que, hoy en día, es imposible de alcanzar, debido a la inexistencia de una voluntad clara, por parte de las actuales instituciones, de investigar la verdad y hacer justicia sobre los crímenes cometidos por el franquismo y el Estado, con lo que se vuelve a imponer una discriminación que celebraciones como la que se pretende implantar el 10 de noviembre, no hacen más que ahondar y consolidar.
(1) Denunciamos el hecho de que esta fecha haya sido establecida sin tan siquiera consultar a las asociaciones de victimas de la rebelión militar de 1936, el régimen franquista y el terrorismo de Estado. Estas constituyen el mayor colectivo de victimas presente en nuestra sociedad.
(2) Como consecuencia directa de lo anterior, denunciamos los contenidos con los que, desde las instituciones estatales y autonómicas, se pretende caracterizar a esta conmemoración, cuando estas mismas instituciones llevan a cabo un lacerante agravio comparativo en cuanto al reconocimiento y tratamiento de las víctimas en función del origen de las vulneraciones de derechos sufridas.
(3) Denunciamos el carácter parcial y sectario de esta conmemoración en la medida en que las victimas del franquismo y el terrorismo de Estado seguimos sufriendo las consecuencias de las leyes de guerra emitidas por la dictadura militar, a cuya causa se impuso una sociedad dual de vencedores y vencidos. Es esta misma dualidad la que se pretende perpetuar a través de la preservación de la impunidad sobre las victimas causadas por la rebelión militar de 1936, el régimen franquista y la violencia del Estado. Todas ellas victimas ignoradas y a las que se nos niega el derecho a conocer la verdad, el derecho a la justicia efectiva plena y la reparación de los daños causados.
(4) Constatamos que los partidos e instituciones impulsores de esta conmemoración no demuestran una voluntad clara de desvincularse, de manera rotunda y consciente, de la herencia del franquismo. Tanto la ONU como el Consejo de Europa han denunciado reiteradamente la perpetuación, por parte del Estado Español, de la impunidad sobre las vulneraciones de derechos humanos cometidas. Un claro ejemplo y exponente clarificador de esta situación lo encontramos en el tratamiento recibido por las victimas de los sucesos del 3 de marzo de 1976 de Gasteiz. El Parlamento Vasco les reconoció, con el apoyo de todos los grupos políticos de la cámara, su condición de Victimas del Terrorismo, mediante declaración institucional el 3 de marzo de 2006. En esa misma declaración se instaba al Gobierno de Madrid a acoger a estas víctimas en la ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo, o en su defecto, elaborar otra ley para ser contempladas con los mismos derechos. Pues bien, ni el Gobierno Español, ni el Vasco han cumplido la voluntad unánime del Parlamento. Solamente algunos afectados han sido contemplados en la ley de Memoria, una ley claramente discriminatoria, si la comparamos con la de Solidaridad, en la aplicación de derechos y prestaciones. Mucho nos tememos que la nueva ley de reconocimiento integral a las víctimas del terrorismo planteada recientemente en el Congreso Español tampoco va a acoger a las víctimas de la violencia del Estado y que este tampoco va a elaborar una ley específica para estas víctimas en el mismo sentido de reconocimiento y consideración.
(5) El objetivo prioritario de la sociedad vasca, 35 años después de la muerte del genocida dictador general Franco y 3 de la promulgación de la “Ley de Memoria Histórica”, es el reconocimiento de las víctimas y la derogación de la "Ley de Amnistía de 1977", que en la práctica se ha convertido en una Ley de Punto Final que ampara la impunidad, contraviniendo la legalidad internacional e incumpliendo los convenios internacionales firmados por el Estado español, según los cuales los crímenes de lesa humanidad nunca prescriben.
En definitiva, celebraciones como el “Día de la Memoria” son una muestra más de la nula voluntad de romper con el esquema de vencedores y vencidos heredado del franquismo. Esta celebración no recoge el sentir de los luchadores antifascistas, gudaris, milicianos, obreros y estudiantes que desde la legitimidad de su lucha siguen sufriendo las consecuencias de la impunidad sobre los responsables directos de la represión y la de sus herederos ideológicos.
En cualquier caso, y en aras a la búsqueda de escenarios de acercamiento y convivencia, es imprescindible que se materialice el reconocimiento de la igualdad de derechos entre las victimas. Llegado ese momento podríamos establecer los parámetros y actuaciones conjuntas para hacer visible el sufrimiento de todas las víctimas de todas las violencias. Con ello se daría un paso fundamental hacia un acercamiento y una reconciliación que tanto necesita nuestro pueblo y que, hoy en día, es imposible de alcanzar, debido a la inexistencia de una voluntad clara, por parte de las actuales instituciones, de investigar la verdad y hacer justicia sobre los crímenes cometidos por el franquismo y el Estado, con lo que se vuelve a imponer una discriminación que celebraciones como la que se pretende implantar el 10 de noviembre, no hacen más que ahondar y consolidar.
