Las cartas sobre la mesa. Y de manera clara. El PP aspira a rentabilizar aún más la central de Garoña, la más vieja del Estado y conocida como la de las mil grietas. De hecho, los populares confían en revertir todas las decisiones ejecutadas durante esta legislatura para poner punto y final a la vida útil del recinto atómico burgalés en 2013. Lógicamente, la formación conservadora llevará a cabo su idea de facilitar la prórroga al complejo sólo si llega al poder tras las próximas elecciones a Cortes, que tendrán lugar el próximo 20 de noviembre, y si la instalación cuenta con el plácet del Consejo de Seguridad Nuclear. En ese sentido, el programa electoral para la referida cita con las urnas incluirá un apartado en el que se recogen estas pretensiones de auspiciar la continuidad del complejo ubicado en el Valle de Tobalina, municipio fronterizo con la muga alavesa.
Las intenciones del Partido Popular fueron desveladas ayer por un portavoz cualificado de la formación en la capital burgalesa. No cabían sorpresas dentro de una agrupación que ha defendido contra viento y marea la continuidad de Garoña. En este caso fue el presidente del PP en Burgos, César Rico, quien aseguró que el programa electoral de su partido para las próximas elecciones generales incluirá la anulación de la orden de cierre de la central nuclear "si técnicamente es posible y sigue contando con el aval del Consejo de Seguridad Nuclear".
La postura compartida con los medios de comunicación llegó tras una junta directiva provincial del PP para determinar los integrantes de la agrupación burgalesa para formar parte del Comité Electoral para los próximos comicios. En dicha cita, Rico recordó que es un compromiso que el propio Mariano Rajoy adquirió en una visita a la planta nuclear.
Al respecto, Rico explicó que Garoña debe seguir funcionando hasta 2019 porque "hay razones económicas, de mantenimiento del empleo y para crear certidumbre en las familias afectadas y en los ayuntamientos de la zona". Además, aseguró que el plan alternativo a Garoña que propuso el Gobierno socialista "se puede decir que no existe", por lo que consideró que "cuando el plan b no funciona, lo lógico es recuperar el plan a, que es el mantenimiento de la central operativa".
Visto lo visto, y teniendo en cuenta los vientos políticos que corren en el Estado, lo lógico es pensar que la amenaza popular tomará forma nada más llegar a La Moncloa. En cualquier caso, lo cierto es que la decisión del PP de incluir la prórroga de la central en su programa electoral llega en un momento en el que la decisión del actual Ejecutivo del Estado, en manos del PSOE, de imponer el cierre de la planta en 2013, ha recibido el reciente refrendo de la Justicia. En concreto, fue la Audiencia Nacional quien emitió un auto en ese sentido.
Sin embargo, poco tardó Nuclenor, empresa responsable de la gestión de la planta nuclear, en defender la continuidad del recinto. La compañía y su gabinete jurídico han preparado su contraataque con la presentación en breve un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
¿El objetivo? Sencillo, lograr un auto que les permita seguir operando en la central nuclear. En ese sentido, el responsable de relaciones externas de la compañía, Antonio Cornadó, explicó en su momento que un equipo de abogados prepara ya el recurso de casación ante el Tribunal Supremo tras una decisión unánime del Consejo de Administración de Nuclenor.
Recurso ante el Tribunal Supremo Pese a la decisión en firme, aún hay circunstancias que se deben aclarar. Entre ellas, según Cornadó, si se solicitará la suspensión cautelar de la orden de cierre, ante la posibilidad de que la resolución del Tribunal Supremo llegue después de esa fecha. En todo caso, el directivo afirmó en declaraciones a la Agencia Efe que, según el equipo de abogados, la sentencia de la Audiencia Nacional no descarta las razones argumentadas en el recurso inicial de Nuclenor, que se basaba en parte en que la decisión debía tener carácter técnico y no político, por lo que no tendría sentido que la resolución de cierre parta del Ministerio de Industria, cuando la competencia técnica es del Consejo de Seguridad Nuclear, que emitió informe favorable a la prórroga.
Además del recurso de casación ante el Supremo, el Consejo de Administración ha ordenado al equipo de dirección de la planta nuclear que mantenga todos los planes y actuaciones previstas y que la central esté en las mejores condiciones para continuar su actividad más allá de la fecha de cierre. Con todo ello, Nuclenor trata de contrarrestar la decisión adoptada el pasado 14 de julio por la sección primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
