Dos años de pena mínima. Esa será la consecuencia que tendrán que pagar quienes organicen, utilizando las nuevas herramientas de Internet, concentraciones violentas. La reforma del Código Penal detallada hoy en el Congreso por el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, tipificará este acto como “delito de integración en organización criminal”.
Para el ministro, esteendurecimiento de la ley es necesario para luchar contra la“espiral de violencia” que protagonizan los “colectivos antisisitema que practican técnicas de guerrilla urbana”. Así se ha referido Díaz a acontecimientos como los ocurridos en Barcelona durante el día de la huelga general.
La finalidad de establecer como mínimo una pena de dos años es la de poder enviar a la cárcel a los convocantes de dichas manifestaciones. Con esta reforma, los fiscales podrán pedir prisión provisional para los acusados y los jueces, acordarla, informa Europa Press.
Incluir la resistencia “pasiva o activa” como un “atentado a la autoridad” o endurecer las penas deviolencia callejera hasta el extremo de equipararlas con la legislación aplicada a la kale borrokason otras de las medidas explicadas hoy por el Gobierno. Según el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy, el objetivo es “robustecer la autoridad” y garantizar el orden público.
El PP extenderá a internet la criminalización de las protestas
La nueva reforma del Código Penal que prepara el Gobierno español considerará «delito de integración en organización criminal» alterar «gravemente el orden público» y convocar actos «con tal fin» a través de cualquier medio de comunicación, incluido internet.
«No se trata solo de responder desde el Código Penal y el ordenamiento jurídico a iniciativas de guerrilla urbana que cada vez proliferan más en nuestras calles pero tampoco instalarnos en el buenismo jurídico», alegó el ministro de Interior Jorge Fernández Díaz, que denunció la existencia de una «espiral de violencia». «Es un fenómeno que se ha visto en Barcelona y en otras ciudades españolas, que se está generalizando y que según nuestro punto de vista no tiene en estos momentos una respuesta adecuada desde el orden jurídico», insistió en los pasillos del Congreso.
«Creemos que hay que robustecer la autoridad legítima de quien legítimamente tiene la exclusividad del uso de la fuerza», remarcó. En opinión de Fernández Díaz, «no es asumible que la Policía pueda recibir insultos e injurias por parte de manifestantes sin que ello conlleve ningún castigo».
Por ello, en colaboración con el Ministerio de Justicia, pretende incluir como delito de «atentado a la autoridad» la resistencia pasiva o activa grande e introducir entre «las modalidades de acometimiento las amenazas y comportamientos intimidatorios o el lanzamiento de objetos peligrosos».
Además, se considerará como agravante si se producen en manifestaciones o concentraciones y se incluirá como delito de «desorden público» los supuestos en los que se penetre en establecimientos públicos o se obstaculice el acceso a los mismos.
La reforma suscitó las críticas de los grupos de oposición. La portavoz parlamentaria del PSOE, Soraya Rodríguez, pidió al Gobierno que «tenga mucho cuidado» y que dialogue con las fuerzas políticas antes de hacer anuncios que «afectan al ejercicio de los derechos y libertades públicas de los ciudadanos». Lamentó que el Gobierno de Mariano Rajoy esté tomando como «peligrosa práctica» el hacer anuncios «de forma irreflexiva, a golpe de titular y con mucho populismo».
Para el diputado de IU Ricardo Sixto, «es retrotraernos a tiempos pasados, a tiempos muy alejados. El pretender ahora que convocar una concentración se convierta en un delito de integración en banda armada es absolutamente desproporcionado». Acusó al Gobierno de querer «acallar la voz del pueblo».
